El derecho a una educación pública, a juicio

Sandra Fernández Lombardía y Melanie Escuredo Silva

Con la sala medio vacía y los fotógrafos preparados, Ermengol saltaba de silla en silla para evitar salir en las imágenes con la bandera de España a su espalda. Uriol, que llegó unos minutos más tarde, se encontró con un solo asiento libre, por lo que tuvo que improvisar. Primero intentó enrollar el estandarte hasta que el escudo no fuera visible. Falló. Su segunda opción fue pegar con un trozo de celo la bandera vallisoletana sobre la española. “Ésta me gusta más”, aseguraba. No obstante, la solución fue efímera: las telas acabaron por separarse de nuevo a los pocos minutos.

Los catalanes vinieron este miércoles a Valladolid para explicar una trama muy sencilla pero llena de lagunas. Ermengol Gassiot es profesor y se enfrenta a 11 años de cárcel por, supuestamente, promover la disidencia política entre los alumnos de la Universidad Autónoma de Barcelona. “Nos llamamos Somos 27 y más porque detrás de esta denuncia se esconde todo un sistema corrupto”, explicaba.

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Por la izquierda, Uriol Corral, la moderadora Carlota Merino, el profesor Ermengo Gassiol y un trabajador de la administración universitaria en la UAB  |  Melanie Escuredo

El docente, que se preocupaba por hablar en su mejor castellano posible, apostaba por un tono calmado y diplomático para explicar a los asistentes la situación de casi una treintena de alumnos, docentes y trabajadores de la UAB, que se enfrentan a un total de 320 años de prisión por ocupar el rectorado universitario en señal de protesta. La acusación es, según el catalán, un intento de venganza por parte de la dirección universitaria por sus diferencias ideológicas. “La justicia es un terreno más de lucha política”, apuntaba.

Pero a Gassiot le duelen más las formas que los años de cárcel. Recuerda sus tiempos como estudiante, según él en “tiempos ya de la prehistoria”, como un punto de encuentro y de intercambio de ideas. Ahora, el catalán solo ve corrupción. “Protestábamos para que los catedráticos dejasen de lucrarse con la implantación de másters, pedíamos que la clase trabajadora también pudiese estudiar… ¿de verdad merecemos ir a la cárcel?”, lamentaba.

La historia del rico que oprime al que menos tiene no es nueva. Gassiot mantiene el pesimista sentimiento de que los gobiernos intentan limitar la educación de la clase obrera con argucias cada vez más disimuladas. “Implantar sistemas como el 3+2 o subir de un año para otro el precio de las tasas hace que la parte de la población más humilde tenga que dejar de estudiar”, apuntaba. De esta forma, las posibilidades de un futuro próspero desde las cunas de las familias de clase trabajadora son cada vez menores. “Limitar el acceso a la educación de la clase trabajadora es una agresión de la educación universal”, sentenciaba.

Uriol Corral, exalumno de la universidad, se enfrenta a su situación con algo más de humor. Resignado ya a posar delante de la bandera española, el joven, que se enfrenta a un total de 14 años de prisión, explicaba a los asistentes la razón por la que toda esta trama es un disparate. “Me hubiese salido más barato cargarme al rector. Pero, ojo, que no lo quiero hacer, no me metáis en más líos”, bromeaba.

El joven se atrevía incluso a leer el documento oficial de la acusación, que narra la ocupación del rectorado de la universidad catalana como el último paso en una enrevesada argucia que pretendería derruir el sistema de control universitario y crear el mayor número de desperfectos posibles. Hace tres años, 25 alumnos durmieron durante un mes en el rectorado para exigir que se aplicasen las mociones aprobadas en el claustro. “Sólo queríamos que se aplicasen las reformas ya aprobadas y que se nos hiciese caso”, aseguraba el joven, que recordaba a los asistentes que la pena incluye también casi medio millón de euros de indemnización por daños. “La cárcel, puede; pero el dinero sí que no lo ven ni de coña porque no existe”.

Ver al profesor y al alumno debatir entre bromas los detalles de la acusación hacía bastante difícil imaginárselos en la cárcel. El docente, de ojos claros y un corte de pelo que muchas madres definirían como perroflauta, no parecía un tipo violento. Hablaba con voz calmada y tono más bien bajo, se atragantaba con alguna palabra en castellano que no acababa de pronunciar bien. Negaba con la cabeza.

Uriol mostraba el descaro propio de un joven desilusionado con un sistema que no le acoge. Un chaval que se enfrenta a 14 años de cárcel por ocupar un rectorado. Se encogía de hombros, se reía, hacía bromas. Pero el fondo del debate en la Salón de Grados de la Facultad de Derecho no era cuestión de risa. Un puñado de jóvenes puede ir a la cárcel dentro de un año por defender una universidad pública que cierra cada vez más las paredes y aprieta cada vez más la soga.

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