¿Qué implica la independencia de Cataluña?

Isabel Romero / Laura Pintado

La independencia por las bravas no la va a aceptar nadie“, afirma el ex ministro socialista y ex presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell, argumentando que, según la resolución del Comité Europeo de las Regiones, en el caso de que una región perteneciente a un Estado miembro obtuviese la independencia y se constituyese, por tanto, como Estado independiente y quisiera integrarse en la Unión Europea tendría que presentar una candidatura oficial al Consejo y seguir el procedimiento de adhesión legal correspondiente que establece que tendría que recibir el voto unánime del resto de Estados.

Además, añade, existe otra resolución que alega que mientras esto no ocurra se suspendería automáticamente la aplicación de todas las políticas comunitarias y el derecho a los fondos estructurales.

A pesar de estas premisas, la coalición del gobierno catalán, Junts pel Sí, formada por los partidos Convergencia Democrática de Catalunya y Esquerra Republicana, quiere alcanzar la plena soberanía de esta comunidad asegurando disponer de las herramientas suficientes para crear un Estado independiente que implique una mejora política, social, económica y cultural. Pero, ¿son esas herramientas realmente válidas para llevar a cabo su propósito?

Procedimiento legal

Partimos de la base de que el denominado secesionismo catalán o independentismo de Cataluña es aquella posición política que ampara y defiende la independencia de la comunidad autónoma como Estado. Este independentismo se apoya en el principio de que esta es una nación soberana en base a su historia, su cultura, su lengua propia y su derecho civil.

Los proindependentistas apelan a la premisa de que Cataluña no alcanzará, como venimos indicando, su máxima plenitud política, cultural, social y económica hasta que no obtenga la condición de Estado independiente.  Ahora bien, tal y como sostiene el señor Borrell, dicha condición no puede proclamarse “por las bravas”. El pueblo catalán forma parte de España, y, por tanto, tiene que regirse por su ordenamiento legal y por su Constitución.

En primer lugar, la Constitución de 1978 recoge, en su artículo 2 del título preliminar, “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”, por lo que la Carta Magna de nuestro país impide la autodeterminación de la comunidad catalana.

A raíz de esta declaración, la única vía legal que quedaría sería llegar a un acuerdo dialogado con el Ejecutivo español, al que, hasta ahora, nunca se ha llegado ya que, en el intento de referéndum del 9 de noviembre de 2014, el Constitucional suspendió la resolución secesionista del Parlamento catalán.

Por lo tanto, la unilateralidad de Cataluña se ha enfrentado y se enfrenta a multitud de trabas, tanto por parte de nuestro país como por parte de la Unión Europea, tal y como señalábamos al principio, trabas que el Gobierno de la Generalitat ha pretendido combatir. Con esto nos referimos a la larga lista de encuestas y consultas que este ha llevado a cabo partiendo de la que se realizó el 9N como alternativa a la suspensión del referéndum -por la cual se les acusa a Artur Mas, Irene Rigau y Joana Ortega-.

encuestas

Gráfico realizado por Isabel Romero y Laura Pintado

Pero, tal y como afirma Borrell, el pueblo catalán tiene que tener en cuenta que “no será independiente porque así lo reconozca su Parlamento, sino que lo será el día que los demás Estados así la reconozcan, y eso no va ocurrir”.

Consecuencias de una independencia

El secesionismo catalán supondría un gran impacto sobre la política y la economía que afectaría tanto a Cataluña como a España. Hablamos de políticas europeas, de inversión extranjera, de exportaciones, hablamos de política fiscal y de otros muchos factores en términos políticos y económicos que se verían perjudicados.

Políticas europeas. Como ya hemos señalado, si Cataluña se independizase, ya no formaría parte de la Unión Europea y, en consecuencia, se romperían todas las políticas comunitarias que esta relación implica. Esto se traduciría en importantes desventajas para el “nuevo Estado” como puede ser su salida inmediata del euro -que se convertiría en una moneda extranjera y, por lo tanto, podría reducir su competitividad-, la desvinculación con el Banco Central Europeo y un impacto en la prima de riesgo porque quedaría desamparado por el Estado español.

Además, con esta falta de normativa, otro de los múltiples problemas que esta acarrearía sería, por ejemplo, la anulación del acuerdo Schengen que establece, entre otros, la libre circulación de personas, lo que se traduciría en un fuerte impacto al sector turístico, uno de los sectores con más peso dentro de la economía catalana. De hecho, este mes de agosto de 2016, el gasto realizado por extranjeros en la comunidad ha sido de casi 2.400 millones de euros, una suma muy importante para la misma.

Otra de las cuestiones negativas que podemos mencionar con esta paralización de los acuerdos europeos o inexistencia de una política comunitaria, sería el cierre del acceso de productos al mercado común, lo que supondría un enorme descenso de las ventas y de las exportaciones, y, en consecuencia, una grandísima reducción de los beneficios de las empresas.

fondos-europeos

En resumidas cuentas, todo esto se traduciría es una fortísima desaceleración económica en todos los sectores y esta ralentización generaría una repercusión tan importante en la política y en la economía de la comunidad autónoma que esta podría entrar en recesión. Si así fuera, esto desembocaría en un descenso de los niveles de inversión, sobre todo extranjera, en la pérdida de muchos empleos e incluso en una deflación, entre otras posibles consecuencias.

Por otra parte, en materia de política fiscal, para poder mantener los servicios sociales de sanidad y educación esta tendría que renovarse ya que habría que elevar los impuestos tanto directos como indirectos.

A todo esto hay que añadirle que, en el caso de que se declarase la independencia de forma unilateral, esta no podría ser efectiva hasta pasado un cierto periodo de tiempo, ya que se tendrían que redactar y aprobar nuevas legislaciones e incluso una nueva constitución, situación similar a la que ocurre con el Brexit.

Además, también tendrían que contar con la financiación de lo que supone la construcción de un Estado nuevo y de lo que supone desligarse de otro, como hacerse cargo de todas las partidas que estuviesen aseguradas por el Estado español como, por ejemplo, las pensiones o los salarios de los funcionarios o como la obligación de seguir colaborando, en su parte correspondiente, en el pago de la deuda pública española.

Es decir, que una declaración de unilateralidad e independencia por parte de Cataluña sería un proceso muy largo, muy costoso y que traería terribles consecuencias económicas, políticas y sociales.

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