Leyes de transparencia un tanto opacas

“Progreso histórico en la democracia Española”, decían. El Gobierno de Rajoy anunciaba en 2013 la posibilidad de aprobar una Ley de Transparencia que involucrase a todas las administraciones públicas con el fin de rendir cuentas frente a la ciudadanía que necesita cada día más información para formarse en opinión y en voto.

Administraciones públicas, claro, que no instituciones como podría ser la monarquía.

La ley estaba en el horno y el gobierno quería proteger el secretismo propio de la monarquía española. Pero con la imputación de la infanta Cristina, la Familia Real precisaba de un lavado de imagen urgente, que podría garantizarse a través de dicha ley. Y más si se trataba de una ley de transparencia un tanto opaca.

La Ley de Transparencia Española recoge que, entre otras cosas, se deberá hacer pública la información relativa a “los presupuestos, con descripción de las principales partidas presupuestarias e información actualizada y comprensible, además de las cuentas anuales que deban rendirse”.

Así, se conoce que la Casa Real Española dispone durante el 2015 de un presupuesto de 7.775.040,00 de euros. Mucho menos que lo que reciben otras monarquías, como puede ser la británica (, pero de mucho menor calidad es la información que ofrece nuestra casa real.

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España posee una Ley de “Transparencia” que se basa en generalidades y que pide a las instituciones rendir cuentas sin especificar sobre qué. De esta forma, el balance anual de la monarquía española se encuentra especificada en varios apartados como, por ejemplo, “gastos de personal”, “viajes”, “laborales”, “arrendamientos y cánones”… Generalidades en las que sería importante desglosar asuntos más específicos junto con el respectivo dinero empleado. Lejos de precisar en estas materias, la Casa Real Española se otorga el beneficio de, en algunas ocasiones, no ofrecer el importe preciso en los contratos firmados con empresas externas. Es el caso de la gestión de los desplazamientos y el alojamiento del personal, la sociedad beneficiara es Viajes el Corte Inglés. El documento describe el importe “según consumo”.

Ni más ni menos que desde los años 90, sin embargo, la Reina Isabel está obligada a publicar un informe que rinda cuentas del presupuesto del que dispone la corona. Una forma de actuar basada en una ley de transparencia mucho más elaborada y transparente, valga la redundancia, por muy increíble que parezca en nuestro país. Además, con mayor experiencia que la española, que no solo se aprobó recientemente sino que además no obliga a la monarquía a entrar dentro de sus “afectados”.

A lo que la Casa Real Española llama “gastos en viajes”, junto con su respectiva cifra, la Monarquía Británica lo denomina “Royal Travel Appendix”. Ni más ni menos que un documento de siete páginas en el que se especifica el dinero destinado a cada viaje, por cada persona de la Familia Real y con su justificación correspondiente.

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Ejemplo de la rendición de cuentas de la monarquía británica en viajes / Fuente: http://www.roya.gov.uk

 

Lo que la Casa Real Española presenta como “gastos de personal” sin detallar, la británica prefiere exponerlo desglosado en sus correspondientes apartados como aportaciones a fondos de pensiones, pagos a la seguridad social…). De hecho, ni siquiera resulta sorprendente encontrarse entre las cuentas públicas de Isabel II gastos en electricidad, limpieza, peluquería o incluso bebidas alcohólicas; a pesar de que la ‘Freedom of Infomation Act’ (FOIA) no obliga a sus instituciones a dar información relativa sobre la vida privada de los miembros de la Familia Real.

En lo que ambas coronas fallan es en la forma de presentar su información, en lo que al formato se refiere. Ninguna de sus leyes correspondientes obliga a que se trate de un formato determinado pero sí es cierto que en la española se precisa que “la información será publicada en la página web de manera clara, estructurada y entendible para los interesados y, preferiblemente, en formatos reutilizables”. El PDF, sin embargo, es un formato descargable pero que no permite trabajar sobre él ni realizar modificaciones. En el caso de la ley británica, no se hace referencia al tipo de formato que se debe utilizar en este tipo de publicaciones.

Como se puede deducir de la frase destacada, la información ha de estar obligatoriamente presentada en un documento descargable. Pues bien, las retribuciones percibidas anualmente por los altos cargos y máximos responsables de la Casa Real Española también son detalladas en la web pero sin serlo en un formato descargable.

Además, si quisiéramos acceder a algún tipo de información que no se especificase en la página web conviene saber que la ley de Transparencia en al artículo 17 confiere a los ciudadanos el derecho a solicitar información a las instituciones públicas. En el caso de la Casa Real Española, tanto la Ley como la propia web informan de que la titularidad para ofrecer esos datos corresponde a la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno. En cuanto al plazo de respuesta a la solicitud por parte de la Administración competente, se establece un máximo de un mes desde su recepción para confirmar o rechazar esa demanda. Y además, puede ser ampliable a otro mes si el volumen o complejidad de la información lo requieren. La Ley británica contrasta notablemente con la española en este punto. El plazo para responder a la solicitud de información se debe hacer con “prontitud”. En concreto, hasta veinte días laborables después de recibir la demanda.

Y no todo es ofrecer información. También es importante que esta se encuentre accesible para todo tipo de personas, con mayores o menores problemas para poder consultar dichos datos. Todos los ciudadanos se forman en su opinión, en su ideología y toman unas decisiones políticas. Ciudadanos somos todos y si personas con menos recursos no pueden acceder a estas informaciones la transparencia destaca por su ausencia.

Así está teorizado dentro de la reciente ley española, en la “disposición de la información a las personas con discapacidad”. Así, se hace referencia a los formatos accesibles “conforme al principio de accesibilidad universal y diseño para todos”. La web de la Casa de su Majestad El Rey incorpora el sistema ReadSpeaker. Su función consiste en leer en voz alta el contenido de la página o el documento en cuestión, sin necesidad de descargarlo. Por otro lado, el sitio web de la corona británica no presenta ningún sistema similar que cumpla con el principio de accesibilidad. Si bien es cierto que la sección about this site’ contiene una declaración en la que se expresa que la web está en un proceso de desarrollo para que en un futuro consiga ese alto nivel de accesibilidad: “The Royal Household is working towards implementing higher levels of accessibility in the future development of the site”.

Sin embargo, basta con consultar la página web Tawdis, que analiza el estado de las páginas web, para descubrir que la de la Casa Real Española presenta muchos más fallos en esta área que la británica. Mientras que en la británica no se detectan más que tres fallos en lo relativo a lo perceptible, operable y comprensible. La Casa Real Española presenta 13 problemas en muchos aspectos, en los que destaca sobre todo la robustez.

El caso es que se continúa hablando de leyes de transparencia muy opacas y que se ajustan muy poco al modelo ejemplar de democracia; de instituciones que aprovechan estas debilidades y de papeles que hablan de progreso, transparencia y democracia y al final no son más que papel mojado.

 

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