Amor y fidelidad

Fuyu es un pequeño mestizo que llegó a una protectora de animales en unas condiciones infrahumanas. Lo que a simple vista parecía un atropello, resultó ser una tortura mucho más atroz que un golpe. Ahora ya se ha recuperado y una familia le da el amor que otra persona no supo ofrecerle a cambio de su fidelidad.

Desgraciadamente estas historias son cada vez más habituales y es que, si este país es el líder europeo en algo, es en la capacidad que tienen los españoles desprenderse de esos fieles seres sin ningún tipo de remordimiento, según una noticia publicada en La Vanguardia en 2014.

Estos datos parecen no importar lo más mínimo en Moncloa porque, aunque la violencia hacia animales domesticados sí está tipificada en el Código Penal, nunca ha existido una ley estatal que los proteja. Cada comunidad autónoma crea sus propias normas. Hecho que resulta preocupante al conocer una de las últimas ocurrencias del gobierno de María Dolores de Cospedal: la presidenta de Castilla-La Mancha aprobó por sorpresa una polémica ley de caza y desde abril de 2015, los cazadores pueden abatir o capturar a “animales domésticos asilvestrados”, es decir, a perros y gatos sin dueño. Pero, ¿cómo puede saber un cazador que está ante un perro o un gato salvaje si tienden a huir ante personas desconocidas? Esta cuestión parece no interesarle Cospedal.

De todas formas, el asesinato de perros y gatos no es nada nuevo en España. Prácticamente todas las semanas se conocen casos similares al del pequeño Fuyu y hasta el momento, ningún español ha entrado en prisión por un delito de maltrato animal. La conclusión es sencilla: La implicación del Estado es tan insuficiente como necesaria.

Y es que los únicos que se preocupan oficialmente por el bienestar de las criaturas son las asociaciones y protectoras. Sin embargo, pese a la importante labor que desempeñan, su financiación es totalmente privada.

Visto lo visto, es improbable que se cumplan las escasas normas sobre protección animal sin que ocurra algo más improbable aún: que el gobierno estatal establezca castigos férreos a las atrocidades cometidas con los animales. Solo hay que escuchar el disuasorio “Vale, te lo miro” que le esputó Soraya Sáenz de Santamaría al cómico Dani Rovira cuando solicitó a la vicepresidenta la revisión de las normas del Código Penal sobre maltrato animal en un programa televisivo.

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