España ya tiene ley de transparencia

Tras un año de trámites, la Ley de Transparencia fue aprobada el 28 de noviembre en el Congreso gracias a la mayoría absoluta del PP y al apoyo nacionalista. Una ley surgida para acabar con la corrupción y que ha sido gestada con el caso Bárcenas a sus espaldas. Según explicó Pedro Gómez de la Serna  “se trata de un mal día para el socialismo porque asistimos a la culminación de una incapacidad para pactar nada para el PP”.

En un primer momento, el borrador de la única Ley de Transparencia de la historia española no incluía su aplicación en partidos, sindicatos o en la Casa Real, pero tras su revisión, además de incluir lo anterior, ha añadido ciertas mejoras en relación a los mecanismos de control y sanción, asuntos basados en el blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y responsabilidad política.

Esta nueva ley se aplicará a todas las administraciones públicas y a las sociedades mercantiles participadas en un 50% por estas entidades. La información obtenida será publicada en un Portal de Transparencia dependiente del Ministerio de la Presidencia  y podrá solicitarse también en las lenguas cooficiales.

En caso de que la información suponga algún tipo de perjuicio para la seguridad nacional y pública, la defensa del país o las relaciones exteriores -sin determinar qué tipo de información es esta- no se proporcionará y los datos personales requerirán autorización previa.
¿Qué información no se proporcionará?
Como se ha señalado antes, aquella que suponga un perjuicio para la seguridad nacional, la defensa y las relaciones exteriores. Pero también abarca a los datos relacionados con seguridad pública, prevención, investigación y sanción de los ilícitos penales, administrativos o disciplinarios y a la igualdad de las partes en los procesos judiciales y en la tutela judicial efectiva.Tampoco se hará pública la que perjudique a las funciones administrativas de vigilancia, inspección y control; a los intereses económicos y comerciales; a la política económica y monetaria; al secreto profesional y la propiedad intelectual e industrial; a la garantía de la confidencialidad o al secreto requerido en procesos de toma de decisión y la protección del medio ambiente.

Según el Gobierno se trata de una ley que permite “saber que quien la hace la paga, incluso con la destitución del cargo” y que implica, además, “la imposibilidad de ser nombrado durante un periodo de 5 a 10 años”.

Si esta primera Ley de Transparencia  se aplicase efectivamente y al final sea capaz de detectar la corrupción política e institucional, varias personas de las que han apoyado su aprobación se vean obligados a dimitir.

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