La Junta adopta medidas para ayudar a las familias más desfavorecidas

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado una serie de medidas extraordinarias, dedicadas a apoyar a las familias afectadas por la crisis que se encuentran en situación de vulnerabilidad y en riesgo de exclusión social en dicha comunidad.

Este Decreto-Ley permite crear una Red de Protección de familias para dar  una respuesta coordinada, integral y urgente al empobrecimiento que ha surgido desde el inicio de la crisis en los hogares castellano-leoneses. Esta iniciativa que cuenta con un presupuesto de 145 millones de euros para el próximo año y se prevé que puede dar respuesta a más de 100.000 ciudadanos de la comunidad, lo que se traduce en unas 40.000 familias de la comunidad.

Aunque Castilla y León no es una de las autonomías con los datos más alarmantes en empobrecimiento; el Gobierno autonómico ha decidido elevar el rango de lo que antes era una Ley de protección de familias. Esta nueva legislación va a permitir crear un instrumento de vertebración, cohesión e interrelación de los 23 programas que se pusieron en marcha anteriormente. Ahora todos ellos forman conjuntamente una Red de Responsabilidad Pública que tiene como cabeza visible a la Junta pero que trabaja al alimón con otras corporaciones locales así como con diferentes empresas privadas.

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El Decreto-Ley ha incorporado al catálogo de servicios de respuesta inmediata la  cobertura a los principales problemas sociales de actualidad como el desahucio, la distribución de alimentos o la previsión de un fondo de solidaridad para garantizar que ningún castellano y leonés quede sin protección social. Además, establece unas reglas para agilizar el acceso a la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía y flexibilizar los criterios para su acceso.

Esta resolución da cumplimiento al decálogo de actuaciones que presentó el pasado 18 de noviembre el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera. Además recoge los compromisos alcanzados en el Acuerdo del Diálogo Social del pasado 23 de septiembre y, por últiomo, las mejoras derivadas del consenso político conseguido ayer entre el gobierno regional y los grupos parlamentarios popular, socialista y mixto.

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