El problema de la liberalización de horarios comerciales

Como consecuencia del cambio de la Ley de Horarios Comerciales en 2012, los centros comerciales vallisoletanos de Vallsur y Río Shopping han propuesto declararse como zona de gran afluencia turística para verse favorecidos con la ampliación horaria.

Ante el debate suscitado en Valladolid, Izquierda Unida ha enviado una carta al alcalde de la ciudad, pues es el Ayuntamiento el que tiene la potestad de determinar qué centros se pueden declarar zona de gran afluencia turística. Consideran que la liberalización de horarios comerciales de las grandes superficies “pone en jaque al comercio de proximidad por no poder competir abriendo muchas más horas, al no tener ni la misma plantilla”.

UGT y CCOO de Valladolid han movilizado a los trabajadores del sector a iniciar una campaña de recogida de firmas para evitar que ocurra. Esta iniciativa se ha extendido también a los consumidores. No son los únicos que se han manifestado en contra: la Asociación Vallisoletana de Comerciantes (Avadeco) ha asegurado que el horario actual es “suficiente” para atender a las necesidades de los consumidores, y que estas medidas perjudican al comercio de la ciudad, ya que supondrán más costes, tanto fijos, como laborales.

La Ley 1/2004 de Regulación de Horarios Comerciales autoriza la apertura de grandes superficies a lo largo de dieciséis domingos y festivos cada año, aunque las Comunidades Autónomas podrán incrementar el número o reducirlo, hasta un mínimo de doce.

Antes de la modificación,  las Comunidades Autónomas disponían de competencias para establecer el horario semanal máximo de apertura y cierre de los establecimientos. Podría incrementarse hasta más de 90 horas. No obstante, tras el cambio, aquellas Comunidades que decidan no seguir esta cláusula darán plena libertad a los comerciantes para ser ellos quienes lo determinen.

Madrid fue la primera ciudad en aplicar esta modificación, que aseguraba tratarse de “medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad”. Fue rechazado por pequeños comercios y por la mayor parte de las organizaciones de consumidores. La Asociación Española de Centros Comerciales y la Asociación de Grandes Empresas de Distribución, en cambio, se mostraron a favor. Ahora esta situación se traslada al resto de las Comunidades.

Los consumidores de Cantabria han señalado algunas consecuencias negativas de la nueva Ley, como la concentración de precios al desaparecer la competencia, ya que la distribución comercial quedaría en pocas manos. Además, se correría el riesgo de que las grandes empresas tomen ventaja de estas medidas, ya que los pequeños comercios no pueden estar a la altura y contratar a nuevos trabajadores.

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