Una ley de Educación con fecha de caducidad

La recién aprobada Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), nace con los días contados. Tantos como el Partido Popular consiga mantener su mayoría absoluta, ante el pacto del resto de partidos de la oposición, excepto Foro Asturias, UPN y UPyD, para derogarla en cuanto les sea posible.

Sin consenso político, la séptima ley educativa desde que comenzó la democracia española, ha sido cuestionada también por asociaciones de padres, profesores y alumnos que “desconfían de una ley que favorece la Educación privada y concertada en detrimento de la pública”. Por su parte, el Consejo de Estado puso en duda que las arcas del Estado español cuenten con el dinero suficiente para esta reforma y se opone a que sean las comunidades quienes financien parte la nueva ley educativa. Un gasto valorado en 408 millones de euros financiados por el Estado en un plazo de tres años y 927 millones que deberían asumir las Comunidades Autónomas.

Para el sindicato UGT la sociedad no necesita una nueva ley “que vuelva a desorientar al profesorado, que produzca hastío y cansancio en los centros y que genere conflictos innecesarios con las Comunidades Autónomas”. Según los sindicatos de profesores, esta ley elimina la igualdad de oportunidades, disminuye las funciones y la participación de la comunidad educativa en el Consejo escolar, vulnera derechos fundamentales y “hace prevalecer la religión sobre cualquier otra materia relativa a valores sociales, culturales y éticos”.

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